El actual panorama político y sanitario está dejando muchos cambios legislativos por lo que respecta a la vivienda y los arrendamientos y, en especial, desde que inició el estado de alarma, siendo algunos de ellos temporales hasta que finalice ésta el próximo 9 de mayo. Medidas como la reducción de la renta hasta un 50%, moratorias y aplazamientos, y medidas respecto los okupas, son algunas de ellas y que no han sido bien recibidas por el sector inmobiliario, poniendo en alerta a los propietarios y grandes tenedores.

Sobre estos temas y las distintas repercusiones han hablado Adalberto Guerrero y Arantxa Goenaga, socios de nuestro bufete, en el webinar organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona y que han recogido distintos medios, entre ellos Yaencontré e Idealistanews. “Establecer una definición de gran tenedor es complicado porque cada Comunidad Autónoma lo entiende de forma diferente, con regulaciones y aplicaciones distintas” ha explicado Goenaga, que señala que a nivel estatal, la ley indica aquellas personas físicas o jurídicas con más de 10 inmuebles urbanos, sin contar con garajes ni trasteros, o con una superficie construida de más de 1.500 m2, pero a modo de ejemplo explica que Cataluña y Baleares lo definen diferente.

Esta definición tiene especial importancia en los casos de okupas de viviendas de grandes tenedores, puesto que uno de los cambios destacados durante el estado de alarma afecta a los juicios contra la ocupación, suponiendo la suspensión o paralización del mismo mientras dure el estado de alarma: “Los pequeños propietarios no se verán afectados, pero los grandes tenedores podrán ver el inmueble ocupado por personas que las habitan sin título y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica”, ha explicado Goenaga, que señala que esta medida ha causado mucha polémica porque parece legitimar el fenómeno de las ocupaciones.

Para los grandes tenedores, y mientras dure el estado de alarma, también existe una afectación en el caso de solicitud de aplazamiento de la renta y no haya acuerdo entre ambas partes en el plazo de 7 días laborables, reduciendo al 50% la renta o optando por una moratoria del pago.

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