El Real Decreto 401/2021 de 8 de junio publicado el día 9 establece los criterios para fijar las ayudas y compensaciones que pueden solicitar los propietarios y arrendadores a las Comunidades Autónomas y a Ceuta y Melilla cuando sus arrendatarios se hayan visto suspendidos los procedimientos judiciales por causa de la COVID 19.

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció la medida de poder suspender los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para aquellas familias y colectivos vulnerables que fuesen hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Posteriormente, se ha ratificado la misma por Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre y en concreto es aplicable, además del desahucio por falta de pago, a los siguientes procedimientos judiciales que se hayan suspendido:

  1. Precario.
  2. Interdicto para recuperar la posesión.
  3. Verbal efectuado por titular de derecho real inscrito.
  4. Cuando el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.

Esta suspensión se ha aprobado hasta el 9 de agosto de 2021, por el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo y al objeto de ayudar a los propietarios y arrendadores se dispone que tendrán derecho a solicitar una compensación.

Esta compensación provendrá de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a los que tendrán acceso las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

El procedimiento que se prevé es el siguiente:

1. El arrendador o propietario hará la solicitud al órgano competente en materia de vivienda explicando el caso y justificándolo por el período que medie entre la suspensión del procedimiento o del lanzamiento y hasta ese alzamiento el 9 de agosto.

2. Esta petición podrá presentarse hasta el 9 de septiembre de 2021.

3. La compensación que soliciten tiene que tener los siguientes parámetros:

– El valor medio de un alquiler de vivienda en la zona donde se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas. Si la renta fijada en el contrato es inferior entonces será la  renta dejada de percibir.

– Los gastos corrientes de la vivienda que ha asumido el arrendador o propietario durante ese período.

– Si se trata de una ocupación deberá acreditar el perjuicio que le ha ocasionado porque la vivienda estaba puesta a la venta o en alquiler.

4. En el caso de sociedades deberán presentarla por medios electrónicos, pero a los particulares se les facilita que también puedan presentarlas presencialmente.

5. El plazo para resolver la solicitud será de 3 meses, pero excepcionalmente se podrá ampliar otros 3 meses siempre que se notifique esta prórroga.

6. Transcurrido ese plazo si no se ha obtenido respuesta se entenderá estimada por silencio administrativo.

7. Este proceso podrá ser desarrollado o completado por las Comunidades Autónomas o por las ciudades de Ceuta y Melilla.

Tras la aprobación por el Organismo pertinente podrán solicitar esos recursos al Estado acreditando las resoluciones dictadas y, por tanto, los importes concedidos. Por ahora las Comunidades Autónomas no se han pronunciado sobre esta ayuda pero deberán hacerlo en breve dado el período de tiempo tan corto.

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