La controvertida medida anunciada por el Govern Balear el pasado 2 de marzo sobre la expropiación de 56 viviendas desocupadas de grandes tenedores está trayendo cola y, en este sentido, proponer la vivienda al mercado de alquiler se presenta como una vía de escape para evitar la cesión del inmueble a vivienda social durante siete años.

Según ha explicado a El Economista Arantxa Goenaga, socia abogada de Círculo Legal y especializada en Derecho Civil, “los propietarios podrían llegar a alquilar a un precio más bajo para poder controlar esa vivienda y no dejar que entre en el registro oficial”. Esta medida impactaría previsiblemente en el comportamiento de precios del alquiler en Baleares mandándolo a la baja, en un mercado ya de por sí debilitado por la caída drástica del alquiler turístico en el contexto actual.

Esta cesión de vivienda desocupada está prevista por la Ley que entró en vigor en 2018, por lo que tiene un encaje a nivel constitucional y puede ser aplicada por las distintas autonomías y, según explica nuestra abogada, el Govern Balear podría acceder al registro de viviendas desocupadas si careciera de un parque de inmuebles suficientes para destinar a alquiler social.

En este sentido, Goenaga ha explicado qué tipo de viviendas son susceptibles de entrar en este registro: “Lo son aquellas desocupadas durante más de dos años cuyos tenedores posean más de diez inmuebles o se dediquen a la promoción inmobiliaria”.

Por otro lado, Goenaga también ha explicado que estas viviendas no funcionan como viviendas de protección oficial, sino que se destinan a colectivos especialmente vulnerables: “mínimos ingresos, violencia de género, procedimientos de desahucios, jubilados que no pueden acceder a la vivienda en un régimen normal, entre otros”, ha puntualizado.

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