Diego Cabezuela Sancho, socio director de Círculo Legal, ha escrito un artículo junto con Jan Tadeusz Stappers, abogado de WhistleBpara el diario Expansión en el que explica en qué consiste la Directiva de Protección de Alertadores y las organizaciones españolas.  

La Directiva 2019/1937 implica una protección para los alertadores, alentando así el informar acerca de las infracciones del Derecho de la Unión Europea. Esta Directiva será de obligado cumplimiento para las empresas grandes y para las entidades de derecho público a partir de 2021, dando un mayor margen a las personas jurídicas de hasta 250 trabajadores que tendrán dos años más para adaptarse 

Entre los elementos de esta directiva se encuentra la “secuencia de informes”, promocionando el informar internamente y externamente de manera directa. Tratando de promover una protección necesaria, se sanciona a aquellos que infrinjan los derechos de los alertadores. Se promueve la gestión de canales de alerta seguros y confidenciales, con un tratamiento de datos conforme a la normativa europea y exigiendo la existencia de un registro de alertas. Queriendo proteger el anonimato de estas personas, “el acceso de datos personales se limitará a […] los encargados de su tratamiento”. 

Esta directiva supone la apertura de “una fase diferente y más madura al concepto de las alertas de irregularidades”, consiguiendo así un canal eficaz para informar de estas irregularidades.  

Accede aquí al artículo completo publicado en ExpansiónDirectiva de Protección de Alertadores y las organizaciones españolas  

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