España es uno de los países del entorno europeo que menos dinero recauda con sus impuestos, a pesar de ser de las regiones con tipos impositivos más altos de la UE. Una de las principales razones de esta falta de eficacia recaudatoria es el elevado fraude fiscal existente en el país, por lo que el gobierno ha impulsado una ley contra el fraude fiscal, una normativa que en la práctica elimina los pactos sucesorios catalanes y aumenta los impuestos que hay que pagar por la transmisión de inmuebles.

Carmen González, abogada y socia de Círculo Legal Madrid, señala que la nueva ley tiene un mayor impacto recaudatorio por la introducción del valor de referencia del catastro inmobiliario para los impuestos patrimoniales. “En caso de no estar de acuerdo, será el contribuyente el que deberá demostrar que el valor de referencia del Catastro no corresponde con el valor de mercado, con las dificultades prácticas de prueba de sobra conocidas”, advierte.

Además, la abogada señala que la nueva ley “consolida las elevadas tasaciones que hacen las haciendas autonómicas contrarias al criterio del Supremo” y apunta que, a falta de valor de referencia aprobado, “regirá la mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, o bien el valor de mercado”.

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