Según indica la Agencia Tributaria, el fraude fiscal ha disminuido un 37% en España en el año de la pandemia. Esto supone una evasión de 313,4 millones de euros en 2020 respecto los 430,7 millones del año anterior, pero nuestro socio y abogado Diego Cabezuela ha explicado a Diario Siglo XXI que esto podría deberse a la forma como se han realizado las inspecciones: no presenciales por motivos sanitarios.

El fraude podría seguir siendo el mismo, lo que ocurre es que no se ha detectado, por lo que los resultados de las Inspecciones son inferiores”, ha explicado Cabezuela, apuntando a la baja capacidad de averiguación de este método telemático. En este sentido, Cabezuela ha ampliado información sobre qué se considera fraude fiscal: una cuota defraudada de más de 120.000€ que se pueden realizar mediante impagos de tributos, falta de ingreso de cantidades retenidas o bien de obtener devoluciones o beneficios fiscales indebidamente.

Cabezuela ha explicado que, para que se considere delito, debería de haber ánimo de engaño y es entonces cuando debería acarrear responsabilidad penal, excluyendo de este criterio errores en la declaración o diferencia de criterios. En la práctica, matiza, no es tan fácil: “Muchas veces los contribuyentes se ven abocados a situaciones difíciles por temas que, en sí mismos, serían perfectamente discutibles”.

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