El plan que ha presentado el Gobierno de España por el que gastarán los 140.000 millones de fondos europeos en la reactivación de la economía española está en el punto de mira, y es que la World Compliance Association (WCA), de la que es miembro de la junta directiva nuestro socio-abogado Felipe García, ha presentado un informe independiente por el que anuncian la falta de controles y posible merma de arbitrariedad, lo que daría pie a corrupción en el seno de la administración pública estatal.

Desde el Comité Jurídico de la WCA hemos detectado una falta de controles internos, aliviando la documentación requerida a las empresas licitadoras y, desde el punto de vista técnico, una merma importante de supervisión y de los principios de control y auditoria en la posible adjudicación de estos contratos”, ha explicado García a Trece TV. En este sentido, el abogado considera que, si no se refuerzan estos controles, la regulación del 30 de diciembre será “un campo de cultivo para la corrupción”, y ha recordado que la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ya señaló a España como uno de los países con más casos al respecto.

Según indica el abogado, sería necesario una reestructuración completa en la administración pública para agilizar los trámites aumentando el cuerpo de funcionarios cualificados, como los abogados del estado que son los que se encargan de los informes, así como dotarlos de herramientas tecnológicas para el análisis de la información. Por otro lado, ha señalado dos cuestiones que eliminarían la arbitrariedad de las licitaciones: “Primero, una política de integridad pública definida en las leyes, pues actualmente no existe”, ha indicado García. “La otra, es la existencia de canales de denuncia y protección al denunciante dentro de la administración pública”, ha sentenciado.

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