La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso que permite, tanto a deudores de buena fe particulares como autónomos, renegociar o eliminar las deudas y emprender nuevas actividades empresariales sin la dificultad de la deuda, o bien emprender una nueva vida sin estar atado para siempre al pago de las mismas. Sobre este tema ha hablado, en Economist & Jurist, nuestro socio abogado especializado en Derecho Mercantil, Jorge Fernández, el cual ha ofrecido un decálogo simplificado para poder acogerse a esta ley.

En el primer punto de este decálogo se encuentra la naturaleza del deudor, pudiendo ser una persona física no empresaria o bien un empresario autónomo, y encontrarse éste en situación de insolvencia actual o inminente y contar con dos acreedores diferentes: “El deudor tiene que encontrarse en una situación económica y financiera tal que bien no pueda atender en ese momento el pago de sus obligaciones corrientes, bien prevea que no podrá  atender dichos  pagos en breve,  de forma inminente”, explica Fernández.

Por lo que respecta al importe de la deuda, ésta no puede superar un total estimado de 5.000.000 de euros, y la vía de exoneración puede ser directa (rápida) o indirecta (larga). “Para la vía de exoneración del pasivo insatisfecho por la vía rápida, ésta tiene que ser un deudor de buena fe”, explica Fernández, que indica que esto implica una serie de requisitos: “que no haya sido declarado culpable, que el deudor no haya sido condenado por sentencia penal firme en los 10 años anteriores, haber satisfecho los créditos contra la masa y créditos privilegiados, y haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo al concurso”, explica.

La exoneración por vía indirecta es la opción para deudores de buena fe que no reúnen los requisitos para la vía rápida, obteniendo una exoneración provisional sujeta a un plan de pagos de máximo 5 años: “Este plan prevé satisfacer, o intentar satisfacer, los créditos contra la masa, los créditos privilegiados, los créditos de alimentos, y los ordinarios que se incluyan en el plan de pago, bajo una serie de condicionantes”, indica nuestro abogado, y pasa a detallarlos: “Que no haya rechazado una oferta de empleo en los 4 años anteriores; haya colaborado con la administración concursal; no haya obtenido el beneficio de exoneración en los últimos diez años; y que el deudor acepte someterse al plan de pagos propuesto por el juez”.

Para información ampliada sobre el decálogo, lee la noticia en Economist & Jurist.

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