El nacimiento de la Fiscalía Europea, un órgano que tendrá capacidad para actuar sobre 22 países de la Unión Europea (UE) en materia de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión (como la malversación de fondos o el blanqueo de capitales derivado de fraudes a su presupuesto), es una realidad, y representa “un hito sin precedentes en la construcción del sistema penal europeo”, tal como explica nuestro socio-fundador y experto en Compliance Legal, Diego Cabezuela, al diario El Español.

Las competencias de esta fiscalía incluirían, por ejemplo, la supervisión de los fondos europeos que España está por recibir y, aunque el 2 de julio ya se aprobó una Ley Orgánica para introducir esta fiscalía y su funcionamiento en nuestro país, lo cierto es que no todos los aliados europeos la han aceptado: Polonia, Dinamarca o Suecia son algunos de los países que se han desmarcado de esta iniciativa.

En España, este tipo de delitos siguen supervisándose mediante jueces de instrucción, y de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX, una ley “claramente superada por las transformaciones que demanda una criminalidad cada vez más compleja”, ha indicado Cabezuela. Por ello, la entrada en España de esta Fiscalía Europea supone una especie de viaje en el tiempo: “La instrucción de los delitos por un fiscal, o por un equipo de fiscales cuando sea necesario, ha de poner fin a esas investigaciones interminables de delitos económicos complejos. Delitos cuyos juicios se celebran muchos años después de los hechos, transmitiendo una imagen decepcionante del sistema”, ha analizado el abogado.

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