La gestión de los fondos de la UE por parte del Gobierno de España está en tela de juicio por “falta de garantías”, según ha alertado mediante un informe remitido a los ministerios de Economía y de Justicia, y al Tribunal de Cuentas, la World Compliance Association (WCA), una asociación formada por profesionales y organizaciones del mundo del ‘compliance’. El motivo es que los mecanismos para la administración de los fondos no aseguran los principios de integridad y transparencia necesarios, lo que puede ser un foco de corrupción y arbitrariedad.

Se ha detectado que en el Real Decreto-ley 36/2020, previsión legal para la aplicación de los fondos, no existe ninguna comisión profesionalizada con capacidad ejecutiva para llevar a cabo la gestión, ni se definen los órganos que darán soporte técnico a los proyectos”, explica nuestro socio abogado Felipe García Hernández y miembro de la junta directiva de la WCA, que considera que la falta de este comité origina también falta de criterios objetivos para la asignación de dichos fondos.

En este sentido, la incorporación de profesionales especializados en esta materia, así como herramientas de revisión de documentación masiva para evaluar los contratos “aportarían una dosis de objetividad e imparcialidad necesaria al sistema de gestión de los fondos”, ha indicado el abogado.

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