La imagen de España se ha visto muy deteriorada por los distintos casos de corrupción, fraude, blanqueo y tráfico de drogas vividos en los últimos años, hasta el punto de que organismos internacionales destacados y de peso como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) han puesto de manifiesto la despreocupación del gobierno español para poner solución a la corrupción en España.

En este contexto, el gobierno español tiene hasta el 17/12/2021 para aplicar la Directiva (UE) 1937/2019 de protección a los denunciantes, con la que se pretende proteger aquellos individuos que denuncien casos de corrupción que atañan tanto a empresas privadas como administraciones públicas, lo que supondría mandar un mensaje claro a Europa de ‘tolerancia cero’ con la corrupción. Así lo explica nuestro socio y abogado Felipe García, especializado en Compliance Legal de nuestro bufete, al diario Expansión.

La Directiva marca unos mínimos de protección, que por supuesto pueden ser superados por los estados miembros, con el objetivo claro de blindar a las personas que puedan informar sobre irregularidades, no sólo en empresas, sino también en las Administraciones Públicas, y que éstas, obtengan protección frente a posibles represalias” explica García, que considera que esta directriz aportaría una mayor transparencia a las administraciones en el actual contexto de fondos de restructuración que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia.

Para conocer más sobre los canales de denuncias en las administraciones públicas, pincha aquí.

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