Los lobbys tienen como objetivo llevar a los poderes públicos opiniones e intereses de determinados colectivos, generalmente empresas. Y, aunque se han producido avances por lo que respecta a su regulación, España todavía se encuentra lejos de contar con una normativa fuerte que regule esta actividad. Y es que, en el informe de Transparencia Internacional del 2014, ya definieron al lobby español como “poco profesionalizado” y “desregulado”, según explica en Cinco Días nuestro abogado y experto en Compliance Legal, Felipe García.

Por lo que respecta a la legislación, España cuenta con una proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados de fecha 7/05/2021, que sentaría las bases de una futura regulación para dotar de más transparencia a estos grupos de interés. Según explica nuestro abogado, la importancia de estos grupos lo ilustraba J. F. Kennedy: contaba que un lobista le explicaba en diez minutos los problemas que planteaba una situación, mientras que sus asesores tardaban más de 3 días en hacerlo.

García ha analizado el papel del lobby sobre las administraciones y la sociedad, en general: “Es obvio que el lobby pretende ejercer una influencia en la Administración Pública para promover decisiones favorables a sus intereses. En ese logro de sus intereses reside, en muchas ocasiones, un beneficio para la sociedad, por lo que esa influencia toma cuerpo, aunque no lo veamos, en la opinión pública, y en el nacimiento de normas y decisiones con trascendencia económica, política o social”, ha argumentado.

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